Desde la publicación, en 2008, del documento de AVE El agua, una cuestión de Estado, se han sucedido una serie de hechos que aconsejan abordar de nuevo, con rigor y sensatez, uno de los problemas fundamentales que tiene ante sí  España: la gestión racional del agua de forma integral e integradora.

Se trata de aportar, nuevamente, una visión técnica e independiente del problema que ayude a centrar el debate y orientar la acción pública de forma coherente con la realidad hídrica y el ordenamiento jurídico español y evite la confrontación entre territorios.

Las decisiones en materia hídrica que se han ido adoptando en nuestro país desde que se decidió cambiar el PHN, derogando el trasvase del Ebro, en lugar de aportar soluciones, han ido incrementando la tensión territorial. Y esta tensión está llegando a niveles insostenibles con la pretensión de incluir en el anteproyecto de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha una reserva de 6.000 hectómetros cúbicos para uso exclusivo de dicha región.

Si la propuesta fuese aprobada, pese a que existen sólidas razones jurídicas y técnicas que la hacen inviable, aparte de poder generar un conflicto con Portugal, supondría serios problemas de abastecimiento de diversas regiones, y en particular de la Comunidad Valenciana, viéndose afectados tanto el trasvase del Tajo como los recursos a disposición de los regantes del Júcar y del Segura.

Por ello resulta imprescindible que la sociedad civil valenciana y su clase política se posicione de manera firme y unitaria ante la pretensión de Castilla La Mancha.

La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) siempre ha creído que el problema del agua en España sólo podía solucionarse mediante un gran pacto de Estado. Un pacto sustentado en un proceso de negociación en el que todas las partes implicadas partiesen sin prejuicios y sin posturas preestablecidas, y en el que los criterios y razonamientos técnicos fuesen los articuladores del acuerdo. Un pacto de Estado en el que se concreten las responsabilidades y las reglas de juego en materia hídrica, sin ambigüedades.

Desde AVE consideramos que el sistema hidrológico español sólo puede gestionarse de forma razonable por el gobierno de la nación, tal y como establece la Constitución Española, el ordenamiento jurídico en materia de agua y aconseja el sentido común, y deben ser los intereses de todos los españoles los que orienten su acción.

No es de recibo que cada Comunidad Autónoma pretenda legislar en beneficio propio en una cuestión tan vital y sensible sin tener en cuenta las necesidades y problemáticas de las regiones vecinas, y olvidando que el agua es un bien de y para todos los españoles.

Con el documento que presentamos, elaborado por los mismos expertos que realizaron el informe del año 2008, esperamos clarificar el tema y aportar sentido común, y que el agua, más que un elemento de separación y conflicto, se convierta en motivo de unión y solidaridad entre los españoles.

Francisco Pons Alcoy

Presidente de AVE

Agua y Estatutos de Autonomía, el caso castellano-